De acuerdo con información procesada por Economía Urbana, en los centros urbanos del país cerca de 5 millones de hogares viven en arrendamiento, tendencia de vivienda que ha crecido en los últimos veinte años, pues pasó de representar el 34 por ciento del total de los hogares en 1996 al 44 por ciento en el 2016.
En términos socioeconómicos, el 72 por ciento de estos hogares tiene ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos; además, la mayor parte de los jefes de hogar en alquiler laboran en la economía informal.
Así mismo, se estima que el valor anual del mercado de arrendamiento en el país se acerca a los 24 billones de pesos (aproximadamente, 3 por ciento del PIB).
A esto hay que agregarle que el 56 por ciento de este mercado se concentra en las cuatro principales ciudades de Colombia y que el segmento que más crece es el de los hogares con ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos (6 por ciento anual en términos reales en los últimos cinco años). Un dato relevante es que se trata de familias que gastaron el año pasado 14 billones de pesos en arrendamiento, que representaron el 34 por ciento de sus ingresos, superior al máximo recomendable como gasto en vivienda (25 a 30 por ciento).
Por las características sociales de estos hogares y por el alto volumen del mercado, recientemente se considera importante incorporar a la política de vivienda instrumentos que incentiven el mercado de arrendamiento, especialmente el de vivienda de interés social (VIS).
De esta forma, con fundamento en las leyes 820 del 2003 (régimen de arrendamiento de vivienda urbana) y 1469 del 2011 (con medidas para promover la oferta de suelo urbanizable), desde diversos sectores se ha propuesto un programa de subsidio parcial al canon de alquiler para hogares no propietarios y de bajos ingresos. Un programa de copago del canon entre el Gobierno y el hogar, permitiría: primero, incentivar la construcción de VIS para arrendar y, segundo, formalizar el mercado de arrendamiento de una proporción importante de hogares que ya hacen un gasto significativo en vivienda.
Incluso, sería clave para mejorar las condiciones de habitabilidad de muchos hogares que hoy pagan alquiler en viviendas con deficiencias y, de paso, para mover el flujo de caja mensual de hogares de bajos ingresos. Esto permitiría hacerle seguimiento al gasto en vivienda de esas familias y de los informales, para que dicha información pueda ser utilizada en el futuro para el análisis de riesgo crediticio por parte de entidades financieras.
En América Latina, muchos los gobiernos están trabajando en esta dirección por primera vez, y en Colombia el ambiente, desde lo público y lo privado, es positivo para sacar adelante un programa nacional de arrendamiento social. Una política pública de vivienda alternativa, enfocada en la tenencia de vivienda en alquiler, con una correcta focalización, permitiría mejorar la calidad de vida de millones de hogares.
Julio Miguel Silva
Directivo de Economía Urbana
Especial para EL TIEMPO