Noviembre 2014 - La propuesta de la alcaldía, que busca ser incluyente y democrática, debe ser estudiada a profundidad para evitar problemas sociales y culturales.
La iniciativa del Alcalde Gustavo Petro de construir edificios para Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en inmuebles ubicados en zonas de estrato 6 sigue generando reacciones.
Muchos urbanistas coinciden en que la iniciativa, que deberá sujetarse a las normas de usos del suelo y respetar los derechos de los actuales y futuros residentes, presenta algunas fallas.
Según el arquitecto urbanista Álvaro Mejía Pavony, se trata de una buena idea que, al parecer, busca una ciudad más incluyente y democrática; sin embargo, impuesta a la fuerza y sin concertación con la comunidad puede deteriorar un sector, dejar damnificados, ocasionar un detrimento patrimonial y generar problemas sociales.
Él agrega que es más conveniente vender los lotes y con ese dinero buscar otras zonas que involucren espacios de movilidad, salud, educación y recreación.
Aunque la intención puede permitir el acceso de las personas a una vivienda digna, se podría producir el efecto contrario, al dificultarles otros derechos como la salud, la educación, la tranquilidad y hasta la compra de los productos de la canasta familiar, con precios que no pueden costear.
A esto hay que agregarle el pago del impuesto predial, de servicios públicos y de administración por estar en propiedad horizontal. Por otra parte, se trata de proyectos pequeños y pocas viviendas.
Lo preocupante es que la administración distrital improvisa y se equivoca una vez más, pues olvida que no puede actuar solo, como si aún estuviéramos frente a una planeación unitaria y sin la participación democrática, para lo cual los ciudadanos pueden emplear los instrumentos consagrados en la Ley 388 de 1997.
La norma establece que la participación ciudadana podrá desarrollarse mediante derechos de petición y audiencias públicas, entre otros mecanismos de ley.
De acuerdo con lo anterior, es importante que los organismos de control intervengan para indagar si se ha dado cumplimiento estricto a las normas antes de que se abra cualquier licitación y se sigan gastando los recursos de los contribuyentes en actuaciones que podrían estar viciadas.
Por lo tanto, a pesar de que según se ha dicho se trata de una propuesta, es en esta etapa que la comunidad puede ejercer su derecho de participación y el momento preciso para que las autoridades distritales hagan la revisión de rigor.
Sección Vivienda EL TIEMPO / Nora Pabón Gómez