La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, celebró la aprobación en tercer debate de la Comisión Séptima del Senado el proyecto de ley de vivienda segura, que protegerá a los compradores de inmuebles en el caso de presentarse un colapso por deficiencias en las obras de construcción.
“Agradecemos que hubiera tenido en cuenta el llamado del Ministerio para agilizar la aprobación de este proyecto, teniendo en cuenta que recientemente se vivió el terremoto en Ecuador y los colombianos no estamos exentos de que algo suceda”, dijo Noguera.
La funcionaria anotó que como sector “debemos estar preparados y seguir construyendo viviendas seguras”.
Y agregó que a esta medida “solo le queda un debate en comisión cuarta del Senado para convertirse en ley de la República”.
El viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, quien representó a la Ministra en este debate, dijo que “se están fortaleciendo todos los mecanismos de control a la elaboración y revisión de los diseños, a la expedición de licencias y a la supervisión de obras, que termina con la certificación y las garantías patrimoniales para que todos los colombianos tengan siempre la tranquilidad de que van a comprar y vivir en edificaciones seguras”.
Al finalizar el debate, el senador Carlos Enrique Soto del partido de la U señaló que la comisión ha defendido como le corresponde la descentralización administrativa.
“No hemos aceptado que haya un doble concurso para los curadores urbanos; ahora, la Superintendencia de Notariado y Registro se encargará de vigilar el seguimiento y el cumplimiento de los requisitos. Nos queda el último debate y esperamos que quede una ley útil para el país”.
El contenido
Vale recordar que el proyecto de ley de vivienda segura protege a los compradores; esto significa que los constructores y enajenadores de casas y apartamentos deberán amparar los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios afectados por el colapso o amenaza de ruina, como consecuencia de deficiencias en el proceso constructivo.
Esta obligación se podría adquirir con una póliza o mediante un pago al Fondo Nacional para la Estabilidad y Reconstrucción de Vivienda (Fonervin).
A esto hay que sumarle que todas las edificaciones con más de 2.000 metros cuadrados de construcción deberán contar con revisores y supervisores independientes del constructor.
Se eliminan todas las excepciones que autorizaban a los constructores a realizar la supervisión de sus propias obras.
Además, todos los supervisores técnicos, deberán estar inscritos en el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados, lo cual permite garantizar que los profesionales sean especialistas en estructuras y cuenten con la experiencia e idoneidad necesarias.
Una vez concluidas las obras, y previo a la ocupación de las nuevas edificaciones, el supervisor técnico deberá expedir, bajo la gravedad de juramento, el Certificado Técnico de Ocupación, el cual manifieste que la edificación se construyó de conformidad con la licencia de construcción y cumpliendo las normas de sismo resistencia.
Además, quienes permitan la ocupación de los inmuebles sin haber protocolizado y registrado la certificación técnica, serán objeto de multas y sanciones.
Más vigilancia a los curadores
El proyecto de ley también propone crear la Superintendencia Delegada para el control de los curadores urbanos; estaría adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro para efectos de la inspección, vigilancia y control del proceso de selección de estos funcionarios.
La nueva Superintendencia adelantará el concurso nacional de méritos para elaborar la lista de elegibles y de esta, los alcaldes podrán designar el curador para su municipio o distrito.
Es decir, que de manera independiente se podrá supervisar la inhabilidad o impedimento para evitar que puedan llegar a estos cargos, incluso provisionalmente, si no han hecho el respectivo concurso de mérito que requiere la Ley 388 de 1997 y los decretos 1469 del 2010 y 1077 del 2015.