Desde esta semana está en el Congreso la carta de navegación que nació tras el caso Space y que busca convertirse en ley.
La obligatoriedad de adquirir un seguro para la construcción de viviendas nuevas que prevenga amenazas de catástrofes, que cubra los daños que sufra el inmueble y los perjuicios a terceros forman parte del proyecto de ley Viviendas Seguras radicado esta semana en el Congreso de la República.
Pero, ¿qué más sugiere la norma que se impulsó tras el desplome de la torre 6 del proyecto Space, en Medellín, en octubre del 2013?
En el caso de los curadores urbanos, la Superintendencia de Notariado y Registro regulará, vigilará y controlará su labor y para ello se propone la creación de una Superintendencia Delegada. Una de las novedades es que la faculta para adelantar el concurso nacional que designará a estos funcionarios. Incluso, se le dan herramientas para imponer sanciones o multas por incumplimiento de normas y órdenes de la Superintendencia.
Las visitas de inspección y el seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios frente a los curadores también están en su agenda.
A esto hay que sumarle que, a petición de las entidades de control, podrá adelantarles procesos disciplinarios, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.
Certificar la ocupación
La norma también sugiere que el supervisor técnico deberá expedir bajo la gravedad de juramento el certificado de ocupación de la obra. Esto debe hacerse antes de que estén habitadas las nuevas edificaciones y una vez terminadas y avaladas por medio de la licencia.
Además, los notarios y registradores de instrumentos públicos no podrán otorgar ni inscribir ninguna escritura de transferencia, constitución o cancelación de hipotecas o fideicomisos si no se ha cumplido con la obligación de protocolizar e inscribir la certificación.
Finalmente, los titulares de licencias y los constructores que permitan la ocupación de edificaciones nuevas sin protocolizar y registrar este documento pagarán multas sucesivas mensuales de 15,4 millones de pesos, sin que en ningún caso supere los 185 millones. Además, les suspenderán los servicios públicos.
Ajustes a revisión de diseños y remplazo de viviendas afectadas
Una de las novedades de la norma es la creación del Fondo Nacional para la Estabilidad y Reconstrucción de Vivienda (Fonervin), con el objetivo de garantizar a quienes adquieran una vivienda nueva el remplazo integral o la reconstrucción de los inmuebles, que colapsen o amenacen ruina por deficiencias de la construcción.
Además, se adecuarán las normas sobre la revisión de diseños y la supervisión técnica de la construcción de edificaciones.
Por ejemplo, propone ajustes a la Ley 400 de 1997 para mejorar el papel de los revisores de diseños estructurales y de los supervisores técnicos de construcción.
Una de las medidas clave en el proceso es que de aprobarse la ley todas las edificaciones deben contar con revisores y supervisores independientes de la empresa constructora.
Vigencia
Las pólizas obligatorias tienen vigencia de diez años, que se cuentan a partir de la expedición de la certificación técnica de ocupación.
Cobertura
Las pólizas son para viviendas en propiedad horizontal, de uso propio o para transferirlas a terceros si se trata de quince o más unidades.
Excepción
Personas naturales que construyan una vivienda para su uso propio no requieren la póliza obligatoria, según lo advierte el proyecto de ley.
Verificación
Al otorgar la escritura pública, los notarios y los registradores tendrán que verificar y protocolizar el certificado de la entrada en vigencia de la póliza.
Póliza
Los constructores tendrían que adquirir una póliza o efectuar un pago al Fondo Nacional para la Estabilidad y Reconstrucción de Vivienda (Fonervin).
Sección Vivienda EL TIEMPO