El 15 de julio entró en vigencia el Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel), que a los usuarios les permitirá acceder a la televisión abierta y escoger libremente a su operador de servicios de telecomunicaciones (internet, TV por suscripción y telefonía).
¿En qué consiste? Según Juan Manuel Wilches, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), ahora los usuarios de nuevas edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal tendrán la libertad de elegir el operador y el plan que se ajuste a sus necesidades.
“Estas medidas –que han sido implementada en Estados Unidos, Australia, Francia y España– ayudarán a la modernización de las comunicaciones de los hogares en Colombia”, dijo el directivo, quien agregó que contribuirán a solucionar los problemas que se presentaban cuando estos (los operadores) desplegaban redes en los edificios y establecían contratos de exclusividad con la constructora o la copropiedad, “que generaban barreras de entrada a otros interesados”.
En el reglamento, la CRC determinó que los constructores tendrán la responsabilidad de diseñar, suministrar, construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones del inmueble, disponiendo de los espacios y ductos necesarios, así como de algunos elementos del cableado.
Los operadores, por su parte, tendrán que cumplir con estándares y procedimientos técnicos para el despliegue de sus cables y redes en estas edificaciones.
Constructores se quejan
Sin embargo, la expedición de la norma –que se había aplazado varias veces–, generó la reacción de los constructores, en cabeza de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Su presidenta, Sandra Forero, reconoció que la norma impulsada por entidades que pertenecen al Gobierno Nacional, “nació con un objetivo válido: promover la competencia entre los operadores de servicios de telecomunicaciones y favorecer la libre elección de los usuarios”.
Sin embargo, para la dirigente “resulta difícil entender que la CRC –que ha sido informada de los impactos económicos y sociales sobre la vivienda, de la incertidumbre frente a la disponibilidad de materiales exigidos, de la ausencia de profesionales que garanticen su implementación y del cruce ineficiente de responsabilidades entre operadores, constructores y copropiedades– haya decidido seguir con su expedición, sin tener en cuenta los aportes realizados por el Ministerio de Vivienda y sin incorporar los resultados de las mesas de trabajo con el sector privado”.
Susceptible de ajustes
Wilches, quien aseguró que las reuniones sí se realizaron, no descartó que se hagan ajustes y expresó su disposición para lograr consensos. De hecho, le anunció a este diario que se reunirá con el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao para evaluar el impacto.
El Ministro, por su parte, fue enfático en que “hay que modificar el Ritel, ya que se trata de un reglamento que no es bueno ni para el sector constructor ni para los operadores. Incluso, impactará a los compradores, ya que, como dijo Forero esta semana, las exigencias técnicas son sobredimensionadas y los materiales que se imponen no existen en el mercado, por lo que se generarán sobrecostos para la producción de vivienda”, dijo.
Precisamente, esta semana la presidenta de Camacol dijo que con el Ritel “el valor adicional en una vivienda oscilaría entre 1,9 millones y 2,8 millones de pesos”.
Y agregó que “les deja a los constructores una responsabilidad que antes era de los operadores de telecomunicaciones: la obligación de instalar el cableado para la conexión a telecomunicaciones sin saber quién lo va a operar en el futuro. Y lo peor es que después de seis meses le corresponderá a la copropiedad asumir el mantenimiento y la reparación de las redes. Eso generará costos”.
Sobre el eventual aumento de los precios en las viviendas, el director de la CRC señaló que “según estudios realizados por la Comisión con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos y Afines (Aciem), el impacto de la medida en el costo de las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) asciende aproximadamente a 286.000 pesos, mientras que para las Viviendas de Interés Social (VIS) es del orden de 526.000 pesos”.
Wilches insistió en que “se busca que las redes internas se estructuren apropiadamente desde su diseño, de tal manera que permitan la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios, y a la vez tengan la disponibilidad para que todos los operadores puedan acceder a las viviendas u oficinas que componen la copropiedad”.
En edificios antiguos la decisión es voluntaria
El director de la la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Juan Manuel Wilches, dijo que la medida “se tomó atendiendo el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en su artículo 54”. Y Agregó que acatarla “es obligatorio en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, que soliciten licencia a partir del 15 de julio del 2015. En los que ya están construidos, con solicitud anterior a esta fecha, es voluntario acceder”.
Camacol y la CRC no coinciden
El director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Juan Manuel Wilches, dijo que no sabe de donde salen las estimaciones hechas por Camacol. “Son hechas por su lado, pues las que nosotros revisamos son diferentes”, señaló. Igualmente, reiteró que el tema de los sobrecostos es susceptible de ser analizado por las
partes involucradas.
Sección Vivienda EL TIEMPO / Gabriel E. Flórez G.